El niño de los 37 años y un día
Un discapacitado mental español pide el indulto a Bolivia tras un año encerrado allí
En el penal de Palmasola ha sufrido palizas, descargas eléctricas, hambre y extorsiones
José García, Pepito, en un vídeo grabado para su hermano dentro de la prisión de Palmasola. ARCHIVO FAMILIAR
Esa mirada perdida de la foto significa entender el mundo a medias, al 66% para ser exactos. El otro 33% es deficiencia mental, un tercio de la realidad a oscuras, la extrañeza de estar despierto. «Estoy bien, estoy bien... una cosa, mándame cinco euros para cenar esta noche», dice a cámara el preso de la camiseta azul, con su desconcierto de hambre, con su mirar ido. «Mi hermano ve la vida como si fuera un niño». Igual por eso le llaman Pepito.
Hace un año que Bolivia le tiene encerrado en la cárcel dePalmasola, donde la policía no se atreve a entrar; hay palizas, extorsiones, virus, droga y hambre; y bandas de presos con palos controlan la vida de 5.000 personas, al español José García Fernández como si no fuera Pepito.
Ni una sola línea sobre su discapacidad intelectual hay escrita en los folios de la sentencia que el pasado 27 de junio -un año esperando el juicio-, condenó a Pepito a ocho años de cárcel por haber intentado sacar del país 16 bolsas de cocaína líquida en el contenedor nervioso de sus tripas. Como dice la jueza Livia Alarcón, el «autor y culpable» José García Fernández deberá vivir recluido en la cárcel de Palmasola hasta «el 27 de junio de 2021».
«No llegará vivo a entonces. Si sigue allí no lo contará. En un año ha sufrido golpes, robos, chantajes, descargas eléctricas y palizas por la droga. Ahora está en un pabellón menos conflictivo, donde no se mete nada por la nariz y sólo mastica coca. Pero ahí no va a estar siete años más, lo acabarán volviendo a meter en el primer pabellón». Habla Manuel García Fernández, el hermano de José que lleva un año cuidando a Pepito.
Cuando Manuel teclea correos y whatsApp a periodistas, envía dinero a la cárcel, inicia campañas en change.org o manda escritos alConsulado español, al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Exteriores, a los partidos políticos o a los colectivos humanitarios, no llora. Pero cuando habla, sí. Al final de la charla, llora. «Algún día le devolverán al Pabellón 4. Y me lo acabarán matando. Le han pegado hasta por un plato de sopa. Él genera deudas por su adicción a la coca y no las puede pagar. La droga allí vale menos que la comida, dos dosis de coca cuestan 10 céntimos. Allí todo se compra, todos te engañan y te pegan. Y a él se le manipula fácilmente. Tiene 37 años, pero es como un niño, es como un niño...». Y entonces Manuel deja de hablar.
Por él habla su lucha. La batalla legal que inició desde que supo que al otro lado del mar vivía encarcelado su hermano Pepito, el que había pasado la vida con mamá, el que se había sacado un titulo de ayudante de albañil, el que tenía un informe del Institut Català de la Salut como «discapacitado psíquico definitivo con condición legal de disminuido», el que un día se casó por conveniencia y se fue a Bolivia a saber con quién...
Pepito debía ser un endeudado como tantos y un discapacitado como tan pocos cuando el 25 de junio de 2013 aceptó volver a España con 482 gramos de cocaína en 16 envoltorios de látex metidos en su estómago a cambio de 10.000 euros.
Hacia las 14.00 horas, los policías del Aeropuerto de Viru Viru que hacían el control rutinario de viajeros advirtieron en José «bastante nerviosismo y actitudes extrañas», según la sentencia. Pepito se contradecía en sus respuestas y presentaba «caracteríticas psicosomáticas de personas que ingieren cápsulas con cocaína». El hombre fue trasladado a otras dependencias y a las 19.30 horas logró expulsar las bolsas, algo que quizá le salvó la vida pero seguro que le complicó el futuro. Pepito fue encarcelado de inmediato y Manuel estrenó una vida que ni imaginaba.
Lanzó primero un combate de gestiones y contactos para que no trataran mal a Pepito. Después para que lo sacaran de la prisión deChanchocorito, «donde le daban tales palizas que vomitaba sangre y no se levantaba del suelo». Más tarde para que alguien lo protegiera de las agresiones y las deudas en la de Palmasola, «desde donde me llamaban hasta 50 veces al día pidiéndome dinero», un tiempo en el que Manuel se sintió «abandonado» por las autoridades españolas. Luego para que Pepito tuviera un juicio y una sentencia, algo que llegó a España en una pregunta parlamentaria del PSOE el 28 de mayo y una respuesta del Gobierno el 2 de julio asegurando que el Consulado español ha hecho «numerosas gestiones» para que se acelere el juicio y se pueda pedir el traslado del preso a España.
Y ahora, con la condena en firme por fin, el último arreón de Manuel para ayudar a su hermano, una petición urgente y con la lengua fuera: indulto.
Porque el 14 de septiembre expira un decreto de perdón a presos que ha redactado el Gobierno de Evo Morales, una gracia que no afecta a condenas mayores de ocho años, ni a las que se dictan por delitos de sangre. O sea, la ocasión de Pepito.
Para la solicitud de indulto, Bolivia exige dos informes clave: elIANUS, sobre el proceso judicial del preso, y el certificado de antecedentes penales. Uno de los auxilios buscado por Manuel en los últimos meses ha sido la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, una ONG que ha logrado agilizar el proceso de José y hace unos días obtuvo el primero de los documentos. Ahora falta el segundo, el que acredita que Pepito jamás tuvo un problema legal antes de su error boliviano.
El pasado jueves 7 de agosto, el Consulado español en Santa Cruz de la Sierra habló con los abogados del Régimen Penitenciario. «Ya están preparando la carpeta del indulto. Sólo esperan el certificado de antecedentes penales que ya ha solicitado», dice el Consulado.
El cónsul, Joan Borrell, hijo del ex ministro socialista Josep Borrell, asegura que irá en persona a Palmasola y hablará con el abogado de oficio de Pepito para acelerar la tramitación.
Cuando la cárcel tenga el certificado de penales, enviará la carpeta al juzgado para que éste emita la resolución de indulto. Después, el Gobierno de Evo Morales decidirá.
Mientras, Pepito espera comiendo yogures de coco y espantando su adicción al polvo de la cocaína con el consuelo masticado de la hoja de la coca. Pero, a veces, se sienta en un banco, mira a la cámara como si no la viera y dice cosas desde su 66% de lucidez: «Quiero llegar a España vivo para que me vea mi mamá».
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